Ante la carencia de láminas de metal, barniz y satín, las funerarias de Venezuela están haciendo lo imposible por conseguir ataúdes, lo que ha complicado el proceso de enterrar a los muertos en este país que tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Los venezolanos han tenido que prestarse entre sí las cajas funerarias o incluso viajar a la vecina Colombia para conseguirlas. Algunas funerarias están alentando a los clientes a realizar un proceso de cremación, para que así el ataúd sea solo usado durante el velorio y pueda ser "reciclado". El presidente socialista Nicolás Maduro describe a la escasez, que ha golpeado desde el papel higiénico hasta el vino de misa, como el resultado de una "guerra económica" orquestada por opositores que lo quieren sacar del poder. Pero sus críticos la achacan a una economía plagada de distorsiones por los controles de precio y del tipo de cambio instaurados hace más de una década. La industria funeraria de Venezuela se sustenta en parte por la espiral de violencia que cobró la vida de al menos 11 000 personas el año pasado. "Tú haces de todo para que la gente se vaya con su urna, aunque tengas que ir a prestar, a dónde sea, pero tú le buscas la urna", relató Miriam Castro, administradora de la funeraria El Paraíso en Caracas. En esa y otras funerarias de la zona se están arrendando ataúdes para abastecer la demanda, indicó Castro. Las cremaciones en el Cementerio del Este de Caracas han subido un 50% en los últimos meses, a 12 por día desde las 8 previas, de acuerdo con un empleado del lugar. Castro es una cliente regular de este crematorio. "Anteriormente era más fluido. Si ahorita te dicen 'te podemos cremar hoy a las 9', muy capaz que te dejen esperando dos días porque están todos los muertos en espera", contó. En enero, este cementerio acogió los funerales de Mónica Spear, una conocida actriz y exreina de belleza asesinada junto a su pareja en un crimen que conmocionó al país. Industria aunada a la muerte La producción de ataúdes ha caído cerca de un 50% en los últimos meses, según Ricardo Guedez, miembro y expresidente de la Cámara de Funerarias de Venezuela. Esto se debe en parte a que los fabricantes no han logrado importar los materiales por lo complicado que es conseguir dólares a través del estricto control cambiario del Gobierno. El latón también está escaseando en medio del desplome de la producción de acero de Sidor, que el fallecido ex presidente Hugo Chávez nacionalizó en el 2008. La demanda por los funerales ha sido alentada por una de las tasas de homicidios más altas del mundo, una de las principales preocupaciones de los venezolanos. Castro dijo que el 70% de los cuerpos que su compañía recibe tuvieron una muerte violenta. Muchos fueron asesinados en enfrentamientos en barrios o fueron víctimas de robos en zonas pudientes. Pocos asesinos llegan a enfrentar a la Justicia. El crimen violento también se ha colocado en el centro de la polarizada discusión política de Venezuela. El Gobierno ha dicho que la tasa de homicidios está bajando y que los medios opositores están exagerando el problema por razones políticas. Pero la oposición insiste en que la verdadera tasa de homicidios más que duplica a la oficial. La discusión seria sobre la inseguridad muchas veces queda opacada por las diatribas sobre quién es el culpable. El alto costos de los servicios funerarios también se ha convertido en un tema álgido, en medio de una inflación que a tasa anualizada superó el 60% en mayo. Una agencia estatal llamada el Órgano Superior para la Defensa de la Economía tiene el mandato de ayudar a controlar la inflación ordenando a los empresarios a recortar sus precios. En diciembre, Hebert García Plaza, quien lidera esta agencia, apareció en televisión acusando a una funeraria de aplicar un sobreprecio del 619%. El funcionario dijo que esa empresa cobraba 8 280 bolívares, unos 1 300 dólares al tipo de cambio más elevado, por un velatorio de seis horas, cuando el "precio justo" era 1 151 bolívares. "Aquí tiene que haber algo de sensibilidad humana, no pueden hacer de este negocio algo financiero", dijo García Plaza. José Montes, director de una funeraria en Catia, un barrio del oeste de Caracas, reiteró que simplemente intenta mantener su negocio. Actualmente tiene 10 ataúdes, pero necesita tres veces esa cantidad. "Como todo (en Venezuela), no se consigue nada" se quejó.

Guayas, Manabí y Pichincha (en ese orden) son las provincias que históricamente reportan el mayor número de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH), un subsidio de USD 50 que se introdujo en 1998 para atender a los hogares en situación de pobreza. Pero si se considera cuántos ecuatorianos reciben esta transferencia por cada 100 000, Manabí se convierte en la provincia con la mayor tasa de beneficiarios (26,8%), seguida de Guayas (16,2%) y Orellana (12,5%). Desde enero del 2013, el Gobierno busca reducir el número de ecuatorianos que perciben este beneficio. Para ello, inició un proceso de depuración de la base de datos. En la foto, Patricia Saquinga que cuida de su abuelo de 105 años. Ella es una de las beneficiadas del bono desde hace 4 años. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO Desde esa fecha hasta este mes, 390 305 personas dejaron de percibir el bono, esto es un promedio de 716 personas cada día. El mayor recorte se dio en abril del 2013 cuando casi 130 000 ecuatorianos dejaron de ser beneficiarios solo en ese mes. La causa principal fue que no cumplían con el Acuerdo Ministerial 197 del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que estableció una serie de condiciones para recibir el pago. En abril de este año se produjo otro recorte importante y 106 657 personas quedaron fuera del beneficio, en especial por depuración de la base de datos establecido en el Acuerdo Ministerial 348, que aún no ha sido publicado en el Registro Oficial. Las principales causas de la salida de estos beneficiarios es que han superado la condición de extrema pobreza porque consiguieron un trabajo formal, algunos incluso en el propio sector público; acceden a más a servicios básicos como educación, salud; etc. Otras causas de salida son fallecimientos, recibir una pensión del Seguro Social, cobrar el Bono Joaquín Gallegos Lara (USD 240 al familiar que cuida a una persona con discapacidad severa), etc. La reducción supone un ahorro fiscal de USD 19,5 millones mensuales; es decir, unos USD 234 millones al año. 

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:http://www.elcomercio.com.ec/actualidad/bonodesarrollo-manabi-beneficiarios-segurosocial.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com