Es el momento de actuar. Ese es el nombre de la campaña con la que un grupo de actrices y actores ecuatorianos quiere hacer un llamado de atención sobre el respeto a los derechos de autor que les corresponden. La idea se difunde a través de un video que empezó a circular, desde ayer, a través de las redes sociales y en el que varias personalidades vinculadas a la producción audiovisual aparecen repitiendo un mensaje: “Estoy firme y no firmo.” Pero este es solo uno de los elementos que forman parte de un proceso que busca la revalorización colectiva de esta profesión. Una actividad que, según el actor Diego Mignone, ha permanecido relegada dentro del sector laboral, legal y productivo del país. Danilo Estévez es uno de los actores que comparte esa opinión. En sus 18 años de carrera, Estévez ha trabajado en casi todos los canales de televisión nacional. Explica que las dinámicas de trabajo varían de una producción a otra sin horarios fijos y que pueden extenderse por más de 12 horas diarias. Como no tiene mánager, Estévez negocia directamente las condiciones de sus contratos. “A veces no hay un salario fijo y para cobrar toca emitir facturas, como prestación de servicios”. La actriz Juana Guarderas. Foto: EL COMERCIO Eso impide que en muchos casos pueda acceder a los réditos por utilidades u otros beneficios laborales. Pese al tiempo de trabajo, el actor no cuenta con una afiliación al seguro social. En algunos casos, sus empleadores le ofrecen un seguro privado, que expira cuando termina la producción. Pero no es un tema nuevo. En sus 35 años como actor, algunas obras televisivas en las que ha trabajado Diego Naranjo han sido retransmitidas más de una vez en la pantalla nacional. Para el actor esto representa un perjuicio, porque no recibe ningún pago por la retransmisión y porque esas prácticas no dan espacio a nuevas producciones. Naranjo explica que la inestabilidad laboral y económica no le permite al actor ser parte de un proceso de formación continua, lo cual repercute también en la calidad de los productos. Mignone asegura que prefiere trabajar en otros países porque allí el ejercicio de su profesión está respaldado en leyes que garantizan la protección de sus derechos como intérprete, contratos que brindan estabilidad y beneficios laborales además de un horario y un salario justos.
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